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¿Qué son las medidas alternativas?





CUOTA DE RESERVA

 

La Ley 13/82 de Integración Social del Minusválido (LISMI), dispone la obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.

 

Excepcionalmente, las empresas podrán quedar exentas de la obligación de contratar personas con discapacidad, en cuyo caso se acogerán a alguna de las medidas sustitutorias previstas en el, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.



La ley prevé una serie de alternativas para aquellos casos en los que, por diversas razones, sea imposible aplicar dicha cuota.

 



 

Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI)

LISMI

 

La LISMI es la ley de integración social del minusválido ley 13/1982 de 7 de abril, que establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

La LISMI pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad.

Cumplimiento de obligación

A pesar de la existencia de esta normativa, actualmente son muy pocas las empresas que cumplen con esta obligación legal. Por ello, en el año 2000, con el objetivo de facilitar a las empresas el cumplimiento de esta obligación, se establecieron una serie de medidas de carácter excepcional a la LISMI que se encuentran recogidas en el real Decreto 27/2000 del 14 de enero. Son las llamadas Medidas Alternativas y que en este portfolio recogemos en su apartado correspondiente.

 

 

Constitución: igualdad

El artículo 49 de la Constitución Española supuso el primer escalón legislativo para la integración social de los minusválidos puesto que coincide como mandato directo a los poderes públicos, haciendo obligatoria una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que darán la atención individualizada que requieren. El objetivo último es que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de todos los derechos constitucionales al igual que el resto de los ciudadanos, incluyendo el derecho al trabajo que está reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española. Este mandato constitucional culminó en el ámbito legislativo con la publicación de la ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de minusválidos, conocida coloquialmente como la LISMI.

Los principios generales de esta ley se basan en garantizar la realización personal y la total integración social de las personas con discapacidad.


A efectos de esta ley, se entiende por minusválido “toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”.

 

Condición de minusválido

La condición de minusválido la determina el órgano designado por la administración, basándose en informes individualizados por equipos multiprofesionales. El certificado expedido contiene tanto el reconocimiento de la minusvalía como el grado de discapacidad y se establecerá el reconocimiento de la aplicación de los derechos reconocidos a la LISMI.

 

EL TÍTULO VII trata sobre la integración laboral, donde su finalidad principal es conseguir la participación de este colectivo en el sistema ordinario de trabajo y potenciar su integración a partir de cupos obligatorios de personal discapacitado en todas las empresas. Estas medidas deben entenderse como una intervención necesaria para garantizar los derechos constitucionales de este colectivo. El artículo de esta ley establece la obligatoriedad de contratar un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla, cuando ésta esté por encima de los 50 trabajadores.